El propósito de la externalización es que el sector público garantiza la provisión de un bien o servicio público a todos los ciudadanos sin que éstos tengan que pagar un precio por ello y, en aras de la eficiencia de este servicio, se encomienda su producción al sector privado.
Esa encomienda al sector privado no está permitida cuando se trata de ejercer potestades públicas:
- La potestad pública reside en la Administración (en sus funcionarios) para hacer cumplir a otros sujetos, públicos o privados, determinadas actividades, actos o comportamientos (tanto de hacer como de no hacer) destinados a una finalidad de interés público general.
- Estos poderes, sitúan a las personas que los ejercen (funcionarios) en una posición de supremacía, que además, les faculta para constituir, modificar o extinguir situaciones jurídicas; imponiendo obligaciones y situaciones jurídicas a los administrados, de forma unilateral e incluso sin contar con su voluntad o consentimiento aunque sujeto al ordenamiento jurídico.
- En palabras del Tribunal Supremo, la potestad pública supone una expresión de supremacía administrativa por razón del interés general y núnca por interés particular (STS 20-3-95).
La legislación permite que el Órgano de Contratación realice la externalización de una labor o tarea que no pueda ser desarrollada por empleados públicos y siempre y cuando no negocie con los licitadores y respete los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
Algunos órganos de contratación, disfrazan de legalidad lo que únicamente son actos viciados, no defendiendo los intereses de los ciudadanos de forma real y efectiva.
- Cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho, existe la obligación legal para el servidor público de declararse impedido para actuar en el asunto.
Pues bien, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prescinde de la experiencia de ABENGOA en el sistema de alerta contra inundaciones mientras que por el procedimiento de urgencia y "a dedo" entrega el sistema a ISOTROL.
- Se viene alertando desde hace unas semanas que el SAIH del Guadalquivir no funciona por fin de contrato. Desde que finalizó el contrato de conservación y mantenimiento del SAIH del que ABENGOA fue la adjudicataria, el SAIH ha estado sin funcionar más de una semana. No es sólo cuestión meteorológica, sino una absoluta falta de previsión y coordinación. Suspendido el servicio que hasta la fecha ofrecía ABENGOA, se ha recurrido para reanudar los trabajos y por el procedimiento de urgencia y a libre designación a la entrega del SAIH a la empresa ISOTROL.
- El objetivo del SAIH es informar en tiempo real de la evolución de las variables meteorológicas e hidrológicas a los ingenieros de explotación para que estos diseñen las maniobras de desembalse adecuadas a fin de mitigar los efectos de las avenidas.
- Desde 1992 hasta el 31 de junio de este año, ABENGOA ha realizado mejoras y ampliaciones en el sistema de alertas desarrollando una serie de herramientas fundamentales para controlar los caudales y niveles del río Guadalquivir y sus afluentes y sobre todo, los que pueden llegar a llevar, facilitando así que los gestores de la Cuenca del Guadalquivir adopten las medidas necesarias para reducir riesgos y daños.
El Confidencial ALERTA sobre la situación desvelando un ESCANDALO EN LA GESTION DE RECURSOS PUBLICOS en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La permisividad reglada por la legislación al Órgano de Contratación está suponiendo una vía de entrada privilegiada para empresas “amigas”:
