El 26 de
septiembre de 2013, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,
contestaba así a una de las cuestiones planteadas por el Grupo Parlamentario
Unión Progreso y Democracia a instancia, del entonces diputado de ese grupo, Antonio
Cantó García del Moral:
(A.C.)¿Puede el
gobierno asegurar que el personal externo contratado en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir no realiza funciones reservadas por ley a los
funcionarios?
(G.)…Se
informa que los trabajos que realizan las empresas adjudicatarias de servicios
se desempeñan siempre bajo la dirección, supervisión y control del personal
funcionario o laboral de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y no
suponen la asunción de tareas realizadas por este personal ni el ejercicio de
potestades públicas.
Como
empleados públicos, tal como se establece en el Código de la
Función Pública pusimos en conocimiento de nuestros superiores la
situación que estábamos atravesando como servidores públicos dedicados al
servicio público, desde nuestro regreso, el 22 de octubre de 2011, a la
Administración General del Estado en ejecución de sentencia por la ilegal
transferencia del Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La puesta
en conocimiento de la situación se realizo el día 31 de enero de 2013, mediante
un escrito firmado
por cincuenta empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, en el que se denuncia el incumplimiento reiterado de quienes
representan al Organismo, de las normas de contratación establecidas por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el
escrito se manifestaba todo lo que hasta hoy ha venido ocurriendo.
El 21 de
marzo de 2013 se recibe respuesta del
Ministerio; se nos permite exponer los problemas pero a través de
los representantes sindicales presentes en la Mesa de Negociación, haciéndose
caso omiso tanto a las irregularidades sobre contratación como a la constante
externalización de nuestras funciones, desviando el problema al órgano competente
de recursos humanos del Ministerio.
A partir
de ese momento y puesto que los representantes sindicales no llevaron a cabo su
labor como era de esperar, se procedió a poner en conocimiento de los partidos
políticos y de la prensa las irregularidades detectadas y las que se iban
detectando con respecto a la gestión de recursos públicos y a la continua contratación
de empresas externas.
Para
que los gobiernos funcionen necesitan empleados públicos. Hoy nos hacemos eco
de un artículo publicado en El Confidencial:
…Los partidos que nos
han gobernado han mantenido a sus enchufados en todas las
Administraciones y no han recortado en toda la estructura superflua que no sólo
nos cuesta millones de euros sino que, además, genera grandes ineficiencias...
...El problema en nuestra
Administración no son sus funcionarios y empleados públicos, sino la falta
de profesionalización de la Administración Pública…
...La solución de los
problemas y la capacidad para responder a las expectativas y necesidades
ciudadanas depende en gran medida de la calidad de los gobiernos. Y la
profesionalización de la administración pública, como camino contrario a su
politización y colonización por los partidos políticos, es una de las claves
para que nuestros gobiernos no sólo sean más decentes, sino para que funcionen
de verdad al servicio del interés general...
Nos hacemos eco también de un
manuscrito elaborado por el Grupo de Administraciones Públicas de Unión Progreso
y Democracia:
Pensamos
que tanto el artículo publicado como las propuestas del manuscrito son documentos
de interés, evidentemente para todo aquel que lo tenga y no vea este post
que publicamos como un toque de atención al electorado, porque pese a nuestras
innumerables demandas solicitando no ser despojados de nuestro trabajo como
servidores públicos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, obviando
nuestras solicitudes, toma como causa en cada pliego de servicios que licita, la
insuficiencia de medios propios, sobrevenida tras la reversión al Estado de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para contratar empresas externas
que, a su vez, contratan personal externo impuesto por el propio organismo que,
ocupan dependencias oficiales en todas las provincias, tienen acceso a
programas de gestión a los que nosotros no tenemos acceso y controlan datos
personales de los ciudadanos y de los propios empleados públicos sobre
jornadas, controles horarios y todo lo relacionado con temas de personal, ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación observan en nuestras peticiones motivo y fundamento alguno para su defensa y publicación.
Las llamadas de atención de los empleados públicos del Guadalquivir ante los problemas referidos dieron como resultado puestos
de libre designación, comisiones de servicio y accesos graciables en detrimento
de la aplicabilidad de los principios de publicidad, mérito y capacidad, causando un daño irreparable a los que aún creen en la Función Pública y en que se debe poner fin a las practicas corruptas en la Administración Pública.
¿Se conseguirá
algo? «Las épocas de bonanza son peligrosas, porque la gente, empezando por los
políticos, se encuentran con recursos ingentes para financiar disparates.» Carlos Pellegrini (Presidente de Argentina,
1890-1892).
