Inevitablemente el final de año es momento para
realizar balances y análisis de lo acontecido a lo largo de los meses
anteriores y también para esbozar proyecciones de lo qué nos puede deparar el
futuro.
El 90% de los Pliegos de Servicios contratados por quienes gestionan la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establecen en sus prescripciones
contractuales la necesidad de dicha contratación por carecer de los medios
humanos y técnicos para acometer los diferentes servicios. No hay oferta de
empleo público para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El cupo
queda cubierto con personal externo, ajeno a la Administración.
Cuento distorsionado del pasado olvidado, un presente
apoltronado y un futuro incierto...
Nuestro pasado era común y por ello nos encontramos
inmersos en distintos procesos: Congreso de los Diputados, Tribunales de Justicia, Tribunales de Cuentas,
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, Inspecciones de
Servicios, Inspección de Trabajo...
- Proposición de Ley Orgánica de delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Contrataciones de emergencia irregulares e impropias.
- Fraccionamiento de obras para saltarse los procedimientos administrativos exigidos.
- Presuntos sobrecostes en las adjudicaciones.
- Concesión otorgada a Salto de la Breña S.A. por una indemnización millonaria a favor de esa empresa.
- Contratos de asistencia técnica para el mantenimiento y conservación, auscultación, inspección y vigilancia de presas de titularidad estatal.
- Vertidos ilegales de aguas residuales procedentes de la EDAR del Centro Penitenciario de Albolote a un cauce próximo: el Arroyo Juncal, emisiones que han afectado a la flora y la fauna de la zona.
- Presuntas irregularidades en los costes de Inversión de la Balsa Llano del Cadimo: construcción de las obras, expropiaciones, servicios afectados, asistencias técnicas.
- Externalización de la Prevención de Riesgos Laborales para la realización de la totalidad de las actividades preventivas cuando estas han sido asumidas por el Servicio de Prevención Propio.
Sería necesario hacer un auténtico y sincero examen de conciencia para encontrar todos los errores en los que se ha incurrido, pero son tantos y tan diversos, e implican a tantos servicios y personas, que sería muy difícil encontrarlos todos.
Hoy en día cualquier empleado público debe ser
seleccionado con observancia de los principios de igualdad de oportunidades,
merito y capacidad y en virtud de convocatorias públicas, pues la contratación
laboral de una parte de ellos no puede ser una excusa para incumplir o relajar
la aplicación de estos principios constitucionales.
La estabilidad laboral de los empleados públicos,
hasta hoy, es un derecho inherente a su propia condición de empleado, reconocido
por las leyes y los reglamentos que regulan el acceso y desempeño de la función
pública. Según recoge la propia exposición de motivos de la Ley 7/2007 del
Estatuto Básico del Empleado Público, la regulación y la reforma en materia de
función pública es una materia primordial para conseguir mejorar la calidad en
los servicios públicos que la Administración ofrece al ciudadano.
Pero resulta que del paradigma del Estado gestor,
caracterizado por su vocación de asumir mediante su actuación directa la
atención de las necesidades más relevantes de los ciudadanos, se ha pasado al
del Estado contratante, cuyo rasgo más relevante está constituido por su
propensión a comprometer al sector privado en la atención de tales necesidades
mediante el recurso a técnicas diversas, entre ellas, la externalización
de actividades públicas que ha
redundado “en unas menores necesidades de personal propio” por parte de las
entidades públicas.
Salvo supuestos excepcionales, el traspaso de la
actividad trae consigo la desaparición de la unidad administrativa a la que los
empleados públicos encargados de su atención se encontraban adscritos. Ello
supone que estos trabajadores quedaran, como consecuencia de dicha decisión,
sin ocupación efectiva.
Naturalmente, al actuar como empresario privado, la
Administración puede hacer uso en estos casos de las posibilidades de
modificación funcional, geográfica, traslados forzosos, con el fin de recolocar
a estos trabajadores en otros puestos disponibles.
Si el empleado público no encuentra en su trabajo las
motivaciones adecuadas para el buen desarrollo de sus funciones, el ciudadano
difícilmente recibirá la atención que se merece. Y, precisamente, la
estabilidad laboral, como uno de los derechos primordiales de los empleados
públicos, debe convertirse en una de las principales herramientas que tiene que
utilizar la Administración para conseguir la satisfacción de los que trabajan
dentro de la organización.
Una vez conseguida esa estabilidad utilizando,
lógicamente, los cauces reglamentarios establecidos por las leyes, puede
comenzar la planificación de un sistema adecuado de motivación, retribución,
evaluación, compensación, que dirija a los empleados públicos a alcanzar la tan
ansiada mentalidad de pertenencia a la organización y de trabajo en grupo.
No es tan fácil conseguir un clima de satisfacción
total dentro de una organización y en la Administración Pública resulta ser, si
cabe, una tarea aún más difícil.
Las peculiaridades que presenta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como Administración Pública, en el ámbito de los recursos humanos requiere la realización de una
planificación de esos recursos en la que las fases estén claramente definidas y
en la que no haya lugar a interpretaciones subjetivas o a modificaciones
injustificadas surgidas a última hora.
El sistema de la función pública profesionalizada y
preparada constituye -al menos en su formulación teórica- un antídoto al riesgo
de apropiación de los instrumentos de poder por un partido político,
constituyendo, además, la mejor vacuna contra la corrupción, en el buen
entendimiento de fidelidad a su filosofía de origen: el empleado público es neutral
y comprometido con la ética, con la defensa del interés general, en definitiva,
con el papel que le corresponde jugar en el sistema democrático, el
aseguramiento del Estado de Derecho.
La mayor parte de los casos de corrupción que afloran
día a día tienen una nota común: un empleado público -sea por acción o por
omisión- que ha coadyuvado a que las actuaciones que desembocan en la
corrupción tengan apariencia de legalidad. Suele decirse «Tengo un informe del
técnico que avala lo que hice» o «Nadie informó en contra».
Los empleados públicos que con su presencia o
ausencia avalan tales procederes -al margen de las responsabilidades
disciplinarias y penales en que pueden incurrir- hacen un flaco favor a su profesión
y horadan el Estado de Derecho, violentando la confianza que el sistema ha
depositado en ellos.
Los controles, los procedimientos, las garantías del
Estado de Derecho son tantos y tan perfectos que sólo es posible vulnerarlos
cuando el empleado público mira para otro lado.
Los empleados públicos lo saben todo. No hay nada que
ocurra a su alrededor que sea incorrecto y ellos lo ignoren. Su conocimiento
profesional y el rodaje de haber trabajado en muchas legislaturas para
políticos representantes de todo tipo de ideales los consolida como verdaderos
expertos en saber discernir si la gobernanza que ejerce un determinado político
y sus afines colaboradores en sus actuaciones es legal o perversa.
Al empleado público no se le escapa nada si él no
quiere. A muy pocos “se la pueden dar con queso” salvo que se presten a ello, se conformen o se acomoden.
En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
por ser el caso, tenemos un problema. A saber: políticos que en la práctica se
ocupan más de prácticas y competencias funcionariales y empleados públicos que
atienden más a prácticas y competencias de carácter político.
A lo mejor lo que necesitamos los empleados públicos
son Directivos, profesionales de la gestión pública preparados para aplicar
criterios de eficiencia y productividad, dispuestos a emplear sanciones, faltos
del compañerismo y corporativismo. Directivos alejados de los jefes de servicio
actuales, gerentes o directores, funcionarios unos, que por tener que trabajar
toda la vida con los compañeros se limitan a pasar de puntillas por los
problemas, y políticos los otros, que dada la eventualidad de su puesto no se
complican la vida con problemas estructurales, de gran calado, en su área o
servicio.
Debería ser evidente que en la asignación de funciones
y tareas o en el reconocimiento de categorías, retribuciones o derechos,
ningun gestor público decida de manera arbitraria sobre las mismas.
La oferta de empleo público, la plantilla de
personal, el catálogo de puestos y la Relación de Puestos de Trabajo, en
definitiva, deben ser herramientas de organización de recursos
humanos ajenas e independientes de la voluntad gestora y política de turno.
La antigua sabiduría china nos enseña que en la
naturaleza siempre hay ciclos que debemos observar para saber cómo actuar. Hay
tiempos de espera, tiempos de siembra y tiempos de cosecha.
El empleado público debe ser el valedor más fiel
guardián de los intereses de los administrados (la ciudadanía) y perder el
miedo a enfrentarse con aquellos cargos que en su comportamiento se
les vislumbre indicios de derroche o maquilladores de delitos. Debe de buscar
la verdad y poner su conocimiento al servicio de la sociedad en general y
abogar por el conjunto universal y sencillo de los principios morales.
Pero lo que agrava el problema es que pasado lo
pasado, mirando a nuestro alrededor no se ve más que sometimiento y pasividad. Ya no hay ningún Quijote
luchando contra molino alguno. Todos
cabeza gacha y a esperar. Muchos son los que descubrieron que
del “cuento” –sin mucho o esfuerzo alguno – se puede vivir.
La mayor parte de los fracasos, aquí relatados, tienen un origen común
relacionado con la gestión y el aprovechamiento de los recursos humanos de esta Confederación que
a nadie le importa lo suficiente como para tomar medidas contundentes. Poco construiremos sin esfuerzo, sin entrega, sin valor y sin pasión. Eso se llama dejadez.
Hoy, aquí estamos, casi iniciando los primeros 365
escalones que nos separan del 31 de diciembre del año 2016 que comenzará en
pocas horas. ¡Ahora somos Tiempo! Somos el tiempo que nos queda. ¿Y cuánto
Tiempo nos queda? Depende del enfoque que le demos.
