Se ha recibido información de
interés respecto de la solicitud formulada por la Unión Sindical Obrera y la
respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre los
reconocimientos médicos en el Organismo.
La respuesta queda en “suspenso”
hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reciba la opinión de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) sobre el asunto, respuesta de la ITSS que deberá estar en consonancia con su organización,
funcionamiento y ámbito de actuación...Sirviendo con objetividad a los intereses
generales y actuando de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia
y jerarquía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con sujeción a los
criterios técnicos y directrices establecidos por las autoridades competentes...
No está de más recordar que, en
razón de la reconocida potestad de organización del empresario en la relación
laboral por cuenta ajena, aparece tempranamente en nuestro ordenamiento
jurídico (Ley de Accidentes de Trabajo-Ley Dato- de 1900) la
regulación del deber de seguridad, que, con una concepción inicialmente
civilista: responsabiliza al empresario de las lesiones que puedan producirse
los trabajadores como consecuencia de su prestación laboral, prescribiendo el
aseguramiento obligatorio que garantice las prestaciones reparadoras
correspondientes (sanitarias y económicas) y que posteriormente se englobará en
el sistema público de Seguridad
Social.
Este deber de seguridad será después ampliado en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971 (OGSHT vigente
hasta la promulgación de la LPRL), responsabilizando además al empresario de la ausencia de
las medidas de seguridad o higiene adecuadas al riesgo existente, incluyendo
rasgos del deber de protección.
Brevemente diremos que las responsabilidades que caben al
empresario por el eventual incumplimiento de sus obligaciones son de muy
variado orden: administrativo (las derivadas del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social -LISOS-), civil
o penal.
El incumplimiento de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos por parte de las Administraciones públicas con respecto
al personal funcionario y estatutario tiene un régimen particular de exigencia, que excluye la sanción y que es
objeto de desarrollo reglamentario específico, en forma de procedimiento
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (ITSS) para la imposición de medidas correctoras.
No así respecto del personal
laboral, cuyo régimen es el general de la LISOS, es decir, las Administraciones públicas pueden ser
sancionadas.
El incumplimiento de la obligación
de ofrecer el empresario el reconocimiento médico inicial, de reincorporación y
periódico a sus empleados, le constituirá en responsable directo de las prestaciones que
pudieran corresponder al trabajador y, presumiblemente, es ahí donde reside el "meollo" del asunto.
El asunto sobre la voluntariedad/obligatoriedad del
reconocimiento médico parece que quedo zanjado con la STC 196/2004 de 15 de
noviembre, que en su fundamento jurídico 7 señala que “El reconocimiento
médico en la relación laboral no es, en definitiva, un instrumento del
empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como
tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad
profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección
de personal o similar. Su eje descansa, por el contrario en un derecho del
trabajador a la vigilancia de la salud”.
La STC 196/2004 resume, tras
razonar las condiciones de la excepcionalidad, diciendo: “En suma, la
regla es –y la regla tiene una clara base constitucional a tenor de la
conexión íntima entre los reconocimientos médicos y derechos fundamentales como
la intimidad personal- la conformidad libre, voluntaria e informada del
trabajador”.
Dicho criterio de voluntariedad se relaciona naturalmente,
ya que supone una intervención en su ámbito personal, con el derecho a la
intimidad, en evitación de intromisiones ilegítimas en la esfera personal del
trabajador, dicho concepto deriva del contenido del artículo 14.2 de la
Directiva marco 89/391, de 12 de junio de 1989, de Consejo de la Unión Europea.
Este criterio general de voluntariedad supone una importante alteración del
régimen vigente hasta ese momento en la legislación española.
La vigilancia de la salud individual -reconocimiento médico-
debe llevarse a cabo mediante el correspondiente “consentimiento
informado”, en el que debe constar que el trabajador conoce previamente
las pruebas que se le van a realizar, los riesgos que éstas pueden
eventualmente suponer, y el objeto o finalidad que persiguen. Podrá también el
trabajador –y de ahí la importancia de la información previa al trabajador
sobre el contenido del reconocimiento- rechazar alguna prueba en concreto y no el conjunto del reconocimiento.
Incidimos que por su carácter excepcional, corresponderá
al empresario justificar en cada caso adecuadamente que el supuesto exige la
obligación, es decir: que es imprescindible en relación con la evaluación
del efecto de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador; que el
contenido del examen es adecuado al fin perseguido; y que es proporcional en
cuanto a las condiciones en que se lleve a cabo. La justificación deberá
realizarse para cada caso particular, no de forma genérica, sino para cada
riesgo, puesto de trabajo o trabajador afectado.
Hay que considerar la capacidad
del trabajador en desacuerdo con tal medida, de actuar en defensa de un derecho
fundamental sosteniendo en el ámbito administrativo o jurisdiccional su
criterio de rechazo a tal o cual prueba o reconocimiento.
Nos remontamos a las normativas
derogadas, en concreto al artículo 11.e) de la OGSHT que prescribía, entre las obligaciones de
los trabajadores, “someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las
vacunaciones e inmunizaciones ordenadas por las Autoridades Sanitarias
competentes o por el Servicio Médico de Empresa”.
Vemos como esta Administración
Pública sigue “contaminada” por la legislación anterior.
De nuevo la larga sombra de la
antigua normativa de los Servicios Médicos de Empresa sigue ocultando los
objetivos y enfoques de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que emana de
la transposición obligada a los Estados miembros de la Directiva marco 89/391,
de 12 de junio de 1989, de Consejo de la Unión Europea:
“Para garantizar
la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los
riesgos relativos a su seguridad y salud en el trabajo se fijarán medidas de
conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales. Las medidas
contempladas en el apartado anterior permitirán que cada trabajador, si así lo
deseare, pueda someterse a una vigilancia de salud a intervalos regulares.”
Aparentemente han cambiado muchas
cosas y esencialmente nada. La Secretaría General de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir sigue con el empeño –de presunto fuerte tufo y/o
presunta consolidada miopia- de darle una vuelta de tuerca más a la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
