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viernes, 23 de octubre de 2015

DESBARAJUSTE EN LA MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA: EL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA OTORGAR A UN FUNCIONARIO DE LA JUNTA UN PUESTO DE TRABAJO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

La carrera profesional de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, es un derecho que se encuentra reconocido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. 

La provisión de puestos, la promoción profesional, la movilidad, las retribuciones, el acceso, las potestades administrativas, han pasado a un segundo plano en la negociación de las Mesas de la Función Pública Andaluza, donde prima más el interés individual que el colectivo, tanto por parte de la Administración como de los sindicatos presentes en ellas (UGT, CCOO y CSIF).

La Junta de Andalucía lleva sin convocar concurso de traslados desde el año 2009 y cuando se convocó el último, en marzo de 2011, con la obligación legal de haberlo resuelto en septiembre de ese mismo año, agotó el plazo legal, y modificó las bases del concurso expirado éste, prolongando un proceso que ya debía haber terminado y que originó una oleada de demandas judiciales derivando en la paralización del concurso por parte de diversos juzgados de Andalucía. El desbloqueo de la situación en la que se encuentra el Concurso de Méritos se encuentra en la actualidad “cocinándose a fuego lento” en el Parlamento andaluz.

En otras cocinas --Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, como partes integrantes de la CECIR en la Administración General del Estado-- diversos colectivos de funcionarios solicitan que no se adopte acuerdo alguno de apertura de puestos reservados a funcionarios del Estado a funcionarios de Cuerpos y Escalas de otras Administraciones, si no ha tenido lugar con anterioridad la selección justificada de los puestos susceptibles de apertura, el preceptivo proceso de estudio y homologación al que se refiere el EBEP y sin que, posteriormente, se acuerden en el seno de CECIR criterios claros y transparentes para proceder a dichas modificaciones.

El proceso paulatino de reorganizaciones internas y la consiguiente supresión de vacantes en las RPTs de la Administración General del Estado (AGE) está generando dificultades para el desarrollo y la carrera profesional de los empleados públicos.

La apertura de puestos reservados a funcionarios del Estado para que puedan ser ocupados por funcionarios de otras Administraciones restringe aún más las posibilidades de carrera profesional de los funcionarios, por lo que esta posibilidad debe someterse a criterios de estricta necesidad y realizarse con las necesarias garantías y la debida transparencia.

A día de hoy, aún sin desarrollar el EBEP que dispone la movilidad funcionarial efectiva interadministrativa por parte de las distintas Administraciones Públicas, poder moverse de una Administración a otra es una labor imposible para el 90% de los empleados públicos ya que los puestos ofertados no están abiertos a ser ocupados por personal de otra Administración distinta a la convocante y si lo están, las normas internas de funcionamiento no permiten esta movilidad tampoco.

Hace unos tres años los funcionarios de la Junta constituyeron la "Plataforma de funcionarios desplazados de la Junta de Andalucía", para denunciar su situación a la opinión pública, puesto que se consideran  los principales perjudicados del bloqueo del concurso de méritos emprendido por la Junta de Andalucía. En diferentes notas enviadas a los medios de comunicación allá por el año 2012, la Plataforma informó que muchos funcionarios de la Junta de Andalucía se encuentran desplazados de sus hogares varios cientos de kilómetros y pedían vía Plataforma, por aquel entonces, una solución rápida aunque fuese transitoria --reubicación temporal--.

Desde aquellas fechas no se ha vuelto a saber nada más de
la "Plataforma de funcionarios desplazados de la Junta de Andalucía", pero es cierto que ese tipo de situaciones se traduce en familias partidas, cuyos miembros tienen que vivir en provincias distintas, con el consiguiente quebranto familiar, afectivo y económico, o en trabajadores que ante la imposibilidad de costear los gastos de mantener dos viviendas tienen que recorrer cientos de kilómetros diarios para desplazarse a su centro de trabajo, con el desgaste físico y psicológico que ello conlleva.

El caso es que
sobre la "igualdad" y la "desigualdad" y expuesta y centrada así la cuestión, os informamos que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), observando que un funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía ha obtenido un puesto en la Administración General del Estado --pese a estar “imputado” en varios procesos judiciales-- solicita a la Subdelegación del Gobierno o a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir información sobre el procedimiento llevado a cabo.


Un funcionario para cada puesto, pero no cualquier funcionario para cualquier puesto, sino el que reúne los requisitos por los procedimientos legales establecidos para cubrir transitoriamente tal puesto. Es habitual la frecuente complicidad del funcionario que se aprovecha de su relación de amistad o afinidad con la autoridad para obtener tan anómalo nombramiento…¿no queda en entredicho la imparcialidad funcionarial?; al fin y al cabo, el “funcionario okupa” debe el puesto y las retribuciones a su señor -sic Sevach-

martes, 13 de octubre de 2015

LA FEP-USO Y EQUO RECLAMAN EXPLICACIONES POR PRESUNTO TRATO DE FAVOR AL EXCOMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Lo peor que puede sucedernos a las personas es acostumbrarnos y aceptar como algo natural determinadas prácticas que fomentan y asientan la desigualdad. 

Dentro del ámbito de la función pública, hay que hacer constar la desigualdad de oportunidades de aquellas personas que ya han accedido a la Administración y que quieren promocionar dentro de ella.  

Los mecanismos que señala la ley para la provisión de puestos vienen recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el Real Decreto 364/1995. Ley y Reglamento dedican artículos a la provisión de puestos, reconociendo que las formas normales son el concurso y la libre designación con convocatoria pública, dos instrumentos que garantizan que el acceso sea igualitario.  

Hasta aquí bien. Pero ¿qué sucede cuando no se utiliza ni el concurso ni la libre designación?, ¿cómo provee puestos la Administración?. En este sentido y si acudimos a los textos legales vemos que existen otras formas de provisión, como son la comisión de servicios y la adscripción provisional.

No quiere esto decir que estos instrumentos de provisión no se puedan utilizar, de hecho, están permitidos por las leyes, lo que ocurre es que estas figuras se deben utilizar únicamente en determinadas condiciones excepcionales y hasta que la Administración provea de forma reglamentaria.  Además,  la prolongación en el tiempo para la comisión de servicios, por ejemplo, no debe ir más allá de uno o dos años como máximo, y en el caso de la adscripción provisional solamente para casos concretos.  

Este simple mecanismo o forma de actuar por parte de la Administración puede dar lugar a que bajo la apariencia de un concurso de méritos nominalmente hablando nos encontremos con un sistema de libre designación de hecho …."a dedo", y que sean los que ocupaban los puestos en comisión o adscripción los adjudicatarios del concurso reglamentario.

El 85 % de los puestos vacantes están ocupados mediante estos sistemas; tanto la comisión como la adscripción se utilizan para “colocar” a determinadas personas en aquellos puestos cuyos complementos retributivos son mayores, con lo cual el resto de funcionarios no tiene la opción de demostrar el mérito y la capacidad a que, según las leyes tienen derecho, lo que supone un trato discriminatorio para el resto de empleados públicos.

A partir de aquí es cuando podemos hablar de desigualdad: la que separa a unos funcionarios de otros, la que provoca luchas internas por ocupar un puesto donde se va a cobrar más o se está en casa y, en definitiva, la que todos consentimos y vemos como algo normal porque desde nuestra comodidad cotidiana nos consuela pensar que, a final de mes, tenemos garantizado el sueldo. 

Vista la pasividad y el acomodamiento no nos revuelve las tripas ver cómo otros “más espabilados” que nosotros promocionan y mejoran caprichosamente por arte de birlibirloque y no precisamente por ser los mejor preparados o los que tienen más experiencia. Recorte de Disfunción pública.

Todo lo anterior viene en relación al post publicado el sábado 10 de octubre de 2015, que transcribe la noticia Publicada en El Confidencial.- Guadalquivir: 'Premian' al excomisario imputado por estafa y prevaricación , que ha llevado a que tanto EQUO, como la Federación de Empleados Públicos de Andalucía de la USO, reclamen explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.



Lo peor que puede sucedernos a los empleados públicos es acostumbrarnos y aceptar como algo natural determinadas prácticas que fomentan y asientan la desigualdad. No estaría de más exponer el caso ante la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

sábado, 10 de octubre de 2015

GUADALQUIVIR: "PREMIAN" AL EXCOMISARIO IMPUTADO POR ESTAFA Y PREVARICACIÓN, INFORMA "EL CONFIDENCIAL".

Rafael Álvarez Giménez, hombre de confianza del presidente de la confederación, obtiene una plaza en la dirección técnica de Córdoba a pesar de ser funcionario de la Junta.

Medio Ambiente ofrece a Rafael Álvarez una plaza en la Confederación Hidrográfica. Fuentes del organismo señalan que ha conseguido este puesto a través de formas "caprichosamente legales".

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha premiado con una plaza en la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba a Rafael Álvarez Giménez, excomisario de Aguas del organismo, tras estar imputado en dos procesos judiciales. Álvarez Giménez renunció el pasado mes de julio a su cargo, pero no fue destituido. “La plaza de Córdoba [su ciudad natal y donde reside] la puede tener de por vida, hasta que se jubile. Es el Ministerio quien lo ha autorizado”, subrayó a El Confidencial un alto funcionario de la confederación que no quiere identificarse por miedo a represalias.

La primera imputación del excomisario, que ha adjudicado más de tres millones de euros a empresas amigas, es por prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por los vertidos de Albolote (Granada) y la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona. En este asunto también está imputado el presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, íntimo amigo de Álvarez Giménez y de la secretaria general de la confederación, Consolación Vera; el ‘triunvirato’ que ha capitaneado la etapa con más irregularidades en la historia del organismo y que ha provocado un demoledor informe de la Auditoría del Estado que avanzó este diario el pasado 22 de septiembre. Este diario lleva publicando desde julio de 2014 todas las anomalías en la gestión del organismo, con adjudicaciones a dedo.

Un informe del embalse de La Breña (Córdoba) fue la causa de la segunda imputación de Álvarez Giménez. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla le acusa de un delito de estafa procesal en grado de tentativa como cooperador necesario por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de Agustín Pastor Turullols, exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas de la confederación con el que podían reclamar 15 millones de euros en un pleito contra la Administración. El excomisario tendrá que declarar en el juzgado el 15 de enero de 2016. Álvarez Giménez, que no quiso hablar con este diario, también está acusado por presunta prevaricación en Doñana tras una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva al considerar que "no actúa contra las extracciones ilegales" del acuífero de Doñana.

El excomisario, investigado también por inflar las obras de la limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, ha conseguido esta plaza, “con formas caprichosamente legales que dañan los principios de igualdad y de transparencia para el resto de empleados públicos”, señalan fuentes del organismo, a pesar de que no es funcionario de la Administración General del Estado, sino de la Junta de Andalucía. Álvarez Giménez fue gerente en Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua. En su etapa de número dos de la confederación mantuvo abierto de modo permanente un despacho en Córdoba a pesar de que no existía ningún precedente en el organismo de que un comisario de Aguas contara con un despacho en su lugar de residencia habitual.

“No tengo ni idea: suponía que era funcionario”

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a El Confidencial, afirmó desconocer el nuevo puesto de trabajo en Córdoba de Álvarez Giménez. “No tengo ni idea. Suponía que era funcionario del Estado. Voy a interesarme a ver qué ocurre”, destacó, tras precisar que el Ministerio no había hablado con él del excomisario. “Conmigo no lo han consultado”, puntualizó. Sanz se negó a hablar de la gestión del presidente de la confederación, vinculado al PP de Granada: “Yo no tengo que valorar nada”.

El representante del Gobierno Central en la comunidad andaluza, que fue secretario general del PP andaluz con Javier Arenas, tampoco quiso hacer ningún comentario sobre la imputación de Romero Ortiz, ni sobre la auditoría del Estado que calificaba como “opinión desfavorable” las cuentas presentadas por la entidad, además de no existir información sobre los contratos menores, ni balance de resultados ni informe de gestión. Fuentes de la confederación no se explican cómo Sanz desconoce la situación laboral de Álvarez Giménez. También dudan que el presidente no le hubiera informado. En las últimas semanas han comparecido varias veces ante los medios de comunicación, como en el anuncio de una inversión de 10 millones de euros de la CHG en Granada.

Fuentes oficiales del Ministerio ofrecen a El Confidencial esta explicación: "Se ha cumplido la Ley de Función Pública en todo momento, que establece que al cese de un puesto de libre designación se le deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración". 

"Damos por hecho que hay algo raro que no se nos cuenta. ¿Por qué lo dejan en Córdoba y le dan todo lo que quiere? ¿Le tienen miedo a lo que pueda contar? Si no es así, no tiene explicación ninguna”, explicó un ingeniero del organismo, que relata a este diario cómo el excomisario, que figura todavía en el organigrama de la confederación, según la propia web corporativa, se niega a comunicarse de manera directa con el jefe de zona de la confederación en Córdoba y reporta directamente con la secretaria general para que le asignen un funcionario. “Nadie quiere trabajar con él”, remarcan estas mismas fuentes.

En la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba trabajan media docena de ingenieros. “No hace falta tanto personal en ese área”, apuntaron. Otro funcionario del organismo consultado por este diario revela que en lo que lleva de año el organismo ha carecido de laboratorio de aguas para las muestras de los vertidos. Ni la Dirección General del Agua, liderada por Liana Ardiles, ni la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, quisieron ofrecer su versión a este diario a pesar de las continuas llamadas al Ministerio sobre este asunto.

Sin suspensión provisional de sus funciones

Ni a Álvarez Giménez ni a Romero Ortiz se les ha procedido a la suspensión provisional de funciones, que viene expresamente reconocida en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-, que prevé la situación de suspensión provisional del empleado público en el ejercicio de sus funciones [artículos 85.1 e) y 90.1], la cual podrá acordarse con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial (artículos 90.4 y 98.3).

"Esta claro que por trato de favor a ninguno de los imputados se les ha suspendido del ejercicio de sus funciones a pesar que por la presunta gravedad de los hechos que pudieran imputarse firmemente, particularmente a Álvarez Giménez tanto por la Breña, como por Albolote. La presencia de este funcionario en el centro de trabajo en Córdoba, en Dirección Técnica, llevando presas y su explotación no sólo de Córdoba sino también de Jaén, podría ocasionar un grave perjuicio para el servicio público”, resaltan a este diario empleados públicos de la confederación. 


A modo de conclusión, debemos señalar que resulta que la imputación no ha supuesto ninguna alteración para los imputados en el ejercicio de sus funciones, porque los Jueces de Instrucción no determinaron lo contrario y la Administración tampoco. La gravedad de los hechos, que aunque no se diga expresamente, claramente pudieran haberse cometido en el ejercicio de sus funciones, justifica sobradamente que la Administración o los Jueces tomen como medida cautelar la suspensión de funciones, apartando a los funcionarios en cuestión del ejercicio de las mismas, sin que estemos ante un supuesto de aplicación de sanción, sino de medidas provisionales o cautelares. Se sacrifica, nuevamente, el interés general por el interés particular.

sábado, 3 de octubre de 2015

SE ANULA UN PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, SE SIGUE A LA ESPERA DEL REQUERIMIENTO PARA ANULAR IDENTICO PLIEGO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

El miércoles, 19 de agosto de 2015, publicamos una entrada referente a la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitando la anulación del “Pliego de Bases para la contratación de servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir“. Expediente CU(SG)-5140.

La denuncia se realizó por tratarse de una actuación que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva a cabo sin atenerse a las exigencias legales ni al ordenamiento jurídico establecido y que afecta a la seguridad y salud de todos los empleados públicos del Organismo. 

La denuncia fue presentada por el Comité de Empresa en funciones de la CHG en Córdoba y secundada en fechas posteriores por el miembros del Comité Provincial de Granada, Delegados Sindicales de USTEA en Granada y, según nota informativa de USO, por el Comité Provincial de Jaén.

Es de interés, ante dicha actuación, que se conozca que con fecha 18 de agosto de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación para adjudicar por el procedimiento abierto el contrato denominado “Contrato de servicios de prevención ajeno integral para la cobertura de las obligaciones derivadas de la ley de prevención de riesgos laborales en la Confederación Hidrográfica del Duero, integrando en un único contrato de servicios tanto la vigilancia de la salud como el resto de actividades preventivas Expte: 452-A. 162.09.03/2015”.

El Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de octubre de 2015 publica la ANULACIÓN del pliego anteriormente referido, que se puede ver en este enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de DESISTIMIENTO de la licitación del "contrato de servicios de prevención ajeno integral para la cobertura de las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la CHD, integrando en un único contrato de servicios tanto de vigilancia de la salud como el resto de actividades preventivas" se ACORDÓ por RESOLUCIÓN de la Mesa de Contratación y del Presidente de la CHD con fecha 23 de septiembre de 2015.

La anulación se produce ante la solicitud de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA), que reclama ante el Órgano de Contratación que el Pliego de Cláusulas Administrativas contiene unos requisitos arbitrarios y no justificados en ninguna norma y parámetro de calidad establecido en materia de prevención de riesgos laborales y que es totalmente contrario a las últimas modificaciones normativas en materia preventiva en consonancia con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y Competencia.

Obviamente ASPA, en la defensa de los intereses particulares referidos a la no discriminación y libre concurrencia de las empresas que actúan como servicios de prevención ajenos, no cuestiona la ilegalidad del Pliego de Prescripciones Técnicas, que de idéntica forma que el Pliego de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pretende contratar todas y cada una de las especialidades en materia de Prevención de Riesgos de Riesgos Laborales que ambos organismos tienen asumidas por constituirse la prevención en los mismos como Servicios de Prevención Propios.

No obstante, se procede a la ANULACIÓN de la LICITACIÓN DEL PLIEGO.

Desconocemos si los representantes de los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), consultados e informados, dieron por buena dicha licitación, contraria, en todo, al marco normativo establecido por la Administración General del Estado (AGE) para el desarrollo de las actividades de la prevención de riesgos laborales en todos los Departamentos y Organismos Públicos dependientes de ella, porque es "de facto" que no se trata de una asunción parcial de actividades preventivas por un servicio de prevención ajeno sino de la asunción por parte del que sea adjudicatario de TODAS  y CADA UNA, de las actividades y disciplinas preventivas que la normativa regula.

Una contrariedad que los sindicatos presuntamente accedan a que los Servicios de Prevención Propios de todos los Departamentos y Organismos Públicos de la AGE pasen a desempeñar una labor completamente distinta para la que fueron creados y dotados “presupuestariamente” partiendo de los criterios de ahorro y eficiencia requeridos por la Administración.

En poco tiempo se verá si la Inspección de Trabajo, con los medios que tiene a su alcance, requiere a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que proceda a la ANULACIÓN del Pliego mediante el que se pretende contratar TODA LA ACCIÓN PREVENTIVA, por ser contrario la legislación vigente establecida por la AGE.

Suponemos que seremos informados de la RESOLUCIÓN al igual que fuimos informados de la interposición de la denuncia para que, hagamos lo propio, y a través de este blog se den a conocer a los interesados en su lectura las últimas novedades que acontezcan.

Los ánimos andan caldeados por el centro neurálgico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incluidas las “negociaciones” que sobre este y otros asuntos se realizan entre bastidores.

jueves, 1 de octubre de 2015

LA FISCALÍA DENUNCIA A DOS EX-ALTOS CARGOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, INFORMA CADENA SER.

Transcribimos noticia de la Cadena Ser: Radio Sevilla 
Mercedes Díaz Sevilla 01/10/2015 - 15:55 

La Fiscalía imputa a dos ex-altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por supuestos delitos de estafa procesal, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho por haber elaborado un informe "ilegal" que favorecía a los socios del segundo en un pleito contencioso con el Estado.

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal contra el destituido jefe de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Agustín Pastor; y contra el que ha sido hasta julio comisario de Aguas, Rafael Álvarez. Pastor supuestamente intentó beneficiar a la empresa Salto de la Breña, perteneciente a dos socios suyos, elaborando un informe para un pleito contencioso que mantenía con la administración. El informe fue firmado también por Álvarez. Según el fiscal, el documento estaba "al margen de todo procedimiento legal" y reclamaba hasta 15 millones de euros al Estado si se hubiera declarado compatible el aprovechamiento del pantano de Breña I con el de Breña II.

La Fiscalía denuncia al exjefe de Planificación por tres supuestos delitos: estafa procesal en grado de tentativa, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. Al excomisario de Aguas sólo le imputa la supuesta estafa procesal como colaborador necesario.

Los hechos ocurrieron en las Navidades del año pasado. En una semana Pastor redactó un informe con consideraciones jurídicas y técnicas para lo que no tenía competencia y sin que lo supieran ni la Presidencia ni la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ese documento recibió el visto bueno de Álvarez que lo visó aunque estaba de vacaciones y tuvo que desplazarse a la oficina de la Confederación en Córdoba. Todo ello sin que existiera urgencia y "pese a conocer su contenido y la radical contrariedad del mismo a los posicionamientos de la Administración".

Los dos, explica el fiscal, ocultaron ese papel tanto a los Servicios Jurídicos como al Presidente. Y no consta que se le diera "salida oficial" sino que fue entregado "por el propio denunciado a los interesados" y presentado por los abogados de Salto de la Breña en el juzgado contencioso número 6 de Sevilla. Ese procedimiento contencioso fue instado en 2010 por la Abogacía del Estado para que se declarase la imposibilidad material de ejecutar la sentencia que había declarado nulo el rescate de la concesión que se le otorgó a Salto de la Breña. Tras la construcción del embalse de la Breña II el Estado quiso anular la concesión que tenía esa empresa para seguir aprovechando el Breña I, ya que el nuevo pantano dejaba completamente sumergido al antiguo y lo inutilizaba a efectos prácticos. Por ese motivo la antigua presa fue puesta en fuera de servicio por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2011.

El informe que hicieron los denunciados pretendía "pasar por ser la postura oficial de la Confederación", asegura el fiscal, beneficiando así a los empresarios y perjudicando al Estado. Si se declarara compatible el aprovechamiento de Breña I y Breña II el justiprecio a abonar por la Administración podría ser de hasta 15 millones.