GUADALQUIVIR, PRODUCTO NACIONAL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN: “RÍO GRANDE”, DAÑOS COLATERALES.

Nuestra insensatez es evidente: pensamos que pagamos solo las cosas por la cuales gastamos dinero, mientras que consideramos gratuitas las que pagamos con nuestra propia persona. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, V, 42, 7.

El gasto acumulado para la contratación de servicios a través de empresas externas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desde que la Administración del Estado asumió de nuevo las competencias transferidas, es de aproximadamente 30 millones de euros.

Treinta millones de euros que han sido destinados, principalmente, para contratar trabajadores externos sin experiencia demostrable en la gestión de servicios públicos.

Empresas externas y trabajadores externos que, además, controlan los datos personales de los ciudadanos -protegidos por ley-, ocupan las dependencias oficiales y hacen uso de los recursos materiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Error manifiesto de desviación del fin público, que ampara dichas contrataciones externas para cubrir puestos cuyas funciones deben ser realizadas por empleados públicos de la Administración Pública.

El 23 de marzo de 2015 se publica en el BOE el Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015.

Es evidente que, tras la apertura de la Oferta de Empleo Público, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es un Organismo deficitario en recursos humanos, ni sus propios recursos humanos necesitan promocionar.

Teniendo en cuenta las contrataciones de personal antes referidas, las verdaderas necesidades reales de empleados públicos quedan reducidas a la mínima expresión, en este caso, la mínima parece ser “cero”.

Estas medidas como las que se están llevando a cabo, sin una planificación previa y exhaustiva de los recursos humanos necesarios, únicamente conllevan un deterioro en la prestación pública. 

A esta alturas de la película no tiene sentido reclamar un incremento de la oferta de empleo público en la Confederación del Guadalquivir para evitar ese colapso al que se encuentra abocada esta administración, aunque nos quieran “vender la burra”, con todos nuestros respetos para ese noble animal. Que cada cual sustituya la palabra burra por lo que guste, que no ha de ser necesariamente un ser humano, aunque también puede serlo.

Parece mentira que ya en el siglo XXI todavía tengamos que luchar para defender el muy frágil -en España- Estado del Bienestar y los Servicios Públicos amenazados por recortes y privatizaciones-externalizaciones. El gasto de la propia Administración se duplica. Gasto que repercute en los impuestos que sufrimos los ciudadanos.

Es un hecho probado en todas las latitudes que la privatización de los servicios que garantizan derechos básicos solo acarrea: un aumento de los costes para los usuarios; obstáculos a menudo insalvables para la universalidad de su acceso; y degradación de su calidad; esto sí, garantizando a sus gestores privados-externos copiosos beneficios.

Ya lo sabemos ¿verdad?. Aún así nos 'la meten doblada'. En estos días han tocado a arrebato y los burreros(as) -los que nos venden la burra- redoblan esfuerzos para seguir vendiéndonos "una burra" ya demasiado vieja y que lleva demasiados años disimulando que no puede (o no sabe) dar un paso.

Desde el máximo respeto a la labor de investigación de la Inspección de Servicios, en el caso de nuestro producto nacional con denominación de origen “Río Grande” y desde el máximo respeto a la labor judicial que se está llevando a cabo en diversos ámbitos relacionados o no con el “Río Grande”, veáse fraude cursos de formación y malversación de caudales públicos de toda índole: Esto no tiene solución. Poner en manos de las autoridades u Órganos competentes, como exige la Ley, las presuntas irregularidades existentes a uno u otro lado de este producto nacional, sólo lleva a que los aduladores del amo en cada causa salgan inmunes de los “presuntos” actos cometidos, quedando "limpios de polvo y paja". 

El río Guadalquivir, “Río Grande”, producto nacional con denominación de origen, es patrimonio de la ciudadanía y no sólo de las élites y sirve para mucho más que para hacer dinero. Pero es que los números además no salen. Las cuentas hacen aguas. 

En este país de hinchas en el que la corrupción no se castiga, ni siquiera en las urnas, porque los corruptos propios son considerados especie protegida, no tenemos derecho a pedir decencia porque no la practicamos.

Los daños colaterales los estamos sufriendo en soledad aquellos que aún nos preocupamos de estos asuntos, apoyando y participando de todas las movilizaciones contra las privatizaciones-externalizaciones, desde el convencimiento de que unos servicios públicos de calidad son la única garantía efectiva de igualdad de oportunidades.

Los daños colaterales los estamos sufriendo en soledad los que, en aras de nuestro deber, seguimos denunciando la corrupción y la confusión de intereses públicos y privados de los representantes políticos que encabezan el proceso privatizador y de los lavacaras (léase: acólitos, sindicatos y afines) que los apoyan por motivos económicos diversos.

Hace años los empleados públicos dimos respuesta en la calle con coloridas mareas ciudadanas en defensa de lo público, poniendo a la vez de manifiesto la incapacidad de los gobernantes de plantear alternativas que no pasen por la privatización de aquello que nos pertenece a todos.

Hoy, nuestra insensatez es evidente: pensamos que pagamos solo las cosas por la cuales gastamos dinero, mientras que consideramos gratuitas las que pagamos con nuestra propia persona.