EL CONFIDENCIAL: EL PSOE EXIGIRÁ A LA MINISTRA “MEDIDAS” CONTRA LA GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR. (Ampliación incluimos Informe de la Inspección de Servicios del MAGRAMA)

El Grupo Parlamentario socialista en el Senado exigirá a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, “medidas” contra la gestión de Manuel Romero Ortiz al frente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Confidencial desveló ayer un contundente informe de la Inspección General de Servicios que alerta de las masivas adjudicaciones de negociados sin publicidad (a dedo) en el organismo.

Fuensanta Coves, senadora del PSOE y exconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la vista del Informe de la Inspección, prepara ya las preguntas a García Tejerina en la primera sesión que se celebre en la Cámara Alta tras Semana Santa. “Supongo que harán algo desde el Ministerio. Lo que dice la inspección no se puede quedar en un mero análisis. Al menos deberían modificar los protocolos o un cambio en el equipo directivo”, explica Coves en declaraciones a "El Confidencial".

La senadora califica como “parcial” y “totalmente subjetiva” la investigación interna en la confederación al indicar que fue la Junta de Andalucía la que dejó “la caja vacía” del organismo cuando el Estado recuperó las competencias en el río Guadalquivir. “Eso no tiene nada que ver con la forma de trocear los contratos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Nos gustaría aclararlo hasta el fondo. Creemos que hay algo extraño en este asunto”, subrayó Coves.

El presidente de la Confederación, lejos de cumplir la normativa que le exigía la Dirección General del Agua que dirige Liana Ardiles para que se ajustara al tipo de pliegos de negociados sin publicidad que marca el Ministerio, continúa adjudicando contratos a dedo. El pasado martes, sin ir más lejos, licitó a Aquatec 70.593,28 euros para la cartografía del Dominio Público Hidráulico y mapas de peligrosidad y riesgo de la Directiva 2007/60 en el marco del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

El pasado 19 de febrero adjudicó, también por el procedimiento negociado sin publicidad, a Urbantech Titania 55.411,03 euros, según consta en el pliego de bases de Servicios para la elaboración e implantación de los planes de autoprotección en las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Ceuta (Zona Occidental Cuenca).

Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales consiguió 58.250 euros por la redacción del plan del riesgo de inundación de la Directiva 2007/60 de inundaciones en la Demarcación del Guadalquivir, Ceuta y Melilla, como consta en la Plataforma de Contratación del Estado. También por el procedimiento negociado sin publicidad se concedieron 55.452,1 euros a Ingeseg AsesoramientoTécnico por el Pliego de Bases de Servicios para elaboración e implantación de los planes de autoprotección en las Presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Granada, Jaén y Ciudad Real (Zona Oriental Cuenca).

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha sustituido a Carmen Crespo, ahora parlamentaria andaluza y número uno en la listas del PP en la cámara autonómica, expresó a este diario que leería el informe con detalle antes de opinar sobre la gestión de Romero Ortiz, presidente del organismo desde julio de 2012.

 
La Inspección General de Servicios no da importancia a la amistad del presidente con Carolina González Vigo, fulminada de las listas del PP-A al Parlamento de Andalucía y ex mano derecha de Javier Arenas. González Vigo es la pareja del presidente de Isotrol, José Luis Calvo, que consiguió la adjudicación provisional en julio de 2014 y ahora ya estable por 3,1 millones del sistema para evitar inundaciones en el Guadalquivir.

Sin embargo, el artículo 28. Abstención de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deberán abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato en este caso: tener amistad íntima. Sería el caso de los 120.000 adjudicados a dedo a Ortiz y Arquitectos Asociados SLP. Esta empresa es propiedad del arquitecto Eduardo Ortiz Rodríguez, padre de Eduardo Ortiz Moreno, arquitecto, funcionario del grupo A de la Junta de Andalucía e íntimo amigo del presidente. Ambos son de Granada y fueron técnicos en el Parque Nacional de Sierra Nevada.

LEER TEXTO INTEGRO DE LA NOTICIA DE "EL CONFIDENCIAL".

20 DE MARZO DE 2015.- EL GOBIERNO HACE PUBLICO EL INFORME DE LA INSPECCIÓN DEL MAGRAMA SOBRE LOS CONTRATOS DE LA CHG FECHADO EN NOVIEMBRE DE 2014:

EL PRESIDENTE DEL GUADALQUIVIR OBVIÓ LOS AVISOS POR LAS ADJUDICACIONES ‘A DEDO’. EL CONFIDENCIAL INFORMA:

La Dirección General del Agua advirtió al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz, de masivas adjudicaciones a dedo en el organismo que burlaban “el informe desfavorable” del Ministerio, según el documento de la Inspección General de Servicios al que ha tenido acceso El Confidencial y que abarca entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2014.

La investigación interna alerta de “una falta de diligencia” de la confederación en el cumplimiento de las instrucciones de contratación aprobadas el 4 de agosto de 2012 no sólo en la solicitud de autorización previa en los procedimientos negociados sin publicidad, sino en la adecuación de sus pliegos “a los pliegos tipos del departamento”. El organismo que preside Romero Ortiz no los ha modificado. ¿Qué argumenta la confederación? “La necesidad de no paralizar los proyectos financiados con fondos de la Unión Europea y el debate abierto en torno a la fórmula empleada para valorar las ofertas económicas”. Sin embargo, estas explicaciones “no parecen justificar suficientemente este retraso”, según la propia Inspección General de Servicios, que alerta de sus “propias limitaciones en la investigación de posibles irregularidades”.

Funcionarias, cuyos nombres no se desvelan, que han analizado el modus operandi de Romero Ortiz desde que tomó posesión en marzo de 2012 resaltan en la dirección técnica un “posible uso inadecuado de negociados sin publicidad y menores al formalizarse varios contratos para una misma actuación en un breve periodo de tiempo, bien un elevado grado de dispersión de contratos susceptible de ser corregido mediante su reagrupación en un único contrato”.

En la comisaría de aguas que dirige Rafael Álvarez Giménez, número dos de la confederación, de los 140 contratos analizados, 127 se tramitaron por procedimientos sin publicidad, lo que supuso un elevado porcentaje respecto al total de contratos de la unidad: el 90,7%. El número de contratos tramitados por el procedimiento abierto tan sólo supone el 5%. Álvarez Giménez ha adjudicado a dedo al menos tres millones de euros a empresas amigas.

La Secretaría General, capitaneada por Consolación Vera, también ha fomentado las adjudicaciones a dedo. De los 160 contratos analizados por la Inspección de Servicios, 146 se tramitaron por procedimiento de negociado sin publicidad y menores, el 89% del total de contratos de la unidad y el 58,7% del importe total adjudicado.

Sobre ISOTROL: Para rematar esta parte del informe esboza una opinión sin fundamento objetivo: “Ante la ausencia de declaración expresa en tal sentido, no puede inferirse que el presidente de la CHG haya presionado o intentado presionar para que a través de la valoración de criterios objetivos se condicionara la adjudicación a favor de una determinada empresa”. Eso sí, González Vigo, amiga personal del presidente de la confederación (ambos proceden del PP de Granada), no ha renovado como candidata al Parlamento de Andalucía tras las revelaciones de El Confidencial. “No la queremos”, subrayaron fuentes de la dirección del partido en Andalucía. 

LEER MÁS- Fuente: El Confidencial 

Agustín Rivera. Málaga 26.03.2015 – 05:00 H

 

GUADALQUIVIR, PRODUCTO NACIONAL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN: “RÍO GRANDE”, DAÑOS COLATERALES.

 

GUADALQUIVIR, PRODUCTO NACIONAL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN: “RÍO GRANDE”, DAÑOS COLATERALES.

Nuestra insensatez es evidente: pensamos que pagamos solo las cosas por la cuales gastamos dinero, mientras que consideramos gratuitas las que pagamos con nuestra propia persona. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, V, 42, 7.

El gasto acumulado para la contratación de servicios a través de empresas externas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desde que la Administración del Estado asumió de nuevo las competencias transferidas, es de aproximadamente 30 millones de euros.

Treinta millones de euros que han sido destinados, principalmente, para contratar trabajadores externos sin experiencia demostrable en la gestión de servicios públicos.

Empresas externas y trabajadores externos que, además, controlan los datos personales de los ciudadanos -protegidos por ley-, ocupan las dependencias oficiales y hacen uso de los recursos materiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Error manifiesto de desviación del fin público, que ampara dichas contrataciones externas para cubrir puestos cuyas funciones deben ser realizadas por empleados públicos de la Administración Pública.

El 23 de marzo de 2015 se publica en el BOE el Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015.

Es evidente que, tras la apertura de la Oferta de Empleo Público, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es un Organismo deficitario en recursos humanos, ni sus propios recursos humanos necesitan promocionar.

Teniendo en cuenta las contrataciones de personal antes referidas, las verdaderas necesidades reales de empleados públicos quedan reducidas a la mínima expresión, en este caso, la mínima parece ser “cero”.

Estas medidas como las que se están llevando a cabo, sin una planificación previa y exhaustiva de los recursos humanos necesarios, únicamente conllevan un deterioro en la prestación pública. 

A esta alturas de la película no tiene sentido reclamar un incremento de la oferta de empleo público en la Confederación del Guadalquivir para evitar ese colapso al que se encuentra abocada esta administración, aunque nos quieran “vender la burra”, con todos nuestros respetos para ese noble animal. Que cada cual sustituya la palabra burra por lo que guste, que no ha de ser necesariamente un ser humano, aunque también puede serlo.

Parece mentira que ya en el siglo XXI todavía tengamos que luchar para defender el muy frágil -en España- Estado del Bienestar y los Servicios Públicos amenazados por recortes y privatizaciones-externalizaciones. El gasto de la propia Administración se duplica. Gasto que repercute en los impuestos que sufrimos los ciudadanos.

Es un hecho probado en todas las latitudes que la privatización de los servicios que garantizan derechos básicos solo acarrea: un aumento de los costes para los usuarios; obstáculos a menudo insalvables para la universalidad de su acceso; y degradación de su calidad; esto sí, garantizando a sus gestores privados-externos copiosos beneficios.

Ya lo sabemos ¿verdad?. Aún así nos 'la meten doblada'. En estos días han tocado a arrebato y los burreros(as) -los que nos venden la burra- redoblan esfuerzos para seguir vendiéndonos "una burra" ya demasiado vieja y que lleva demasiados años disimulando que no puede (o no sabe) dar un paso.

Desde el máximo respeto a la labor de investigación de la Inspección de Servicios, en el caso de nuestro producto nacional con denominación de origen “Río Grande” y desde el máximo respeto a la labor judicial que se está llevando a cabo en diversos ámbitos relacionados o no con el “Río Grande”, veáse fraude cursos de formación y malversación de caudales públicos de toda índole: Esto no tiene solución. Poner en manos de las autoridades u Órganos competentes, como exige la Ley, las presuntas irregularidades existentes a uno u otro lado de este producto nacional, sólo lleva a que los aduladores del amo en cada causa salgan inmunes de los “presuntos” actos cometidos, quedando "limpios de polvo y paja". 

El río Guadalquivir, “Río Grande”, producto nacional con denominación de origen, es patrimonio de la ciudadanía y no sólo de las élites y sirve para mucho más que para hacer dinero. Pero es que los números además no salen. Las cuentas hacen aguas. 

En este país de hinchas en el que la corrupción no se castiga, ni siquiera en las urnas, porque los corruptos propios son considerados especie protegida, no tenemos derecho a pedir decencia porque no la practicamos.

Los daños colaterales los estamos sufriendo en soledad aquellos que aún nos preocupamos de estos asuntos, apoyando y participando de todas las movilizaciones contra las privatizaciones-externalizaciones, desde el convencimiento de que unos servicios públicos de calidad son la única garantía efectiva de igualdad de oportunidades.

Los daños colaterales los estamos sufriendo en soledad los que, en aras de nuestro deber, seguimos denunciando la corrupción y la confusión de intereses públicos y privados de los representantes políticos que encabezan el proceso privatizador y de los lavacaras (léase: acólitos, sindicatos y afines) que los apoyan por motivos económicos diversos.

Hace años los empleados públicos dimos respuesta en la calle con coloridas mareas ciudadanas en defensa de lo público, poniendo a la vez de manifiesto la incapacidad de los gobernantes de plantear alternativas que no pasen por la privatización de aquello que nos pertenece a todos.

Hoy, nuestra insensatez es evidente: pensamos que pagamos solo las cosas por la cuales gastamos dinero, mientras que consideramos gratuitas las que pagamos con nuestra propia persona.

LA INTRANET DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR: TAPAR O DESTAPAR ASUNTOS TURBIOS, CUESTION DE ESTADO, FUEGOS DE ARTIFICIO PARA ESQUIVAR LA ATENCIÓN.

La Intranet de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nos ha sorprendido esta semana publicando entre sus páginas virtuales la noticia que el diario El País difundió sobre el Oficio dirigido desde la Inspección de Servicios de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la Fiscalía General del Estado, en relación a que, de la apertura de expediente disciplinario al Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “podría deducirse la existencia de indicios delictivos”.

La investigación sobre los hechos que se relatan en el Oficio, se inician a raíz del informe que el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dirige a la Directora General del Agua participándole las actuaciones llevadas a cabo por el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica sobre el litigio entre ACUAES y la empresa mercantil Salto de la Breña S.A.

Hemos iniciado este post diciendo que nos sorprende la publicación de la noticia dada por El País en la Intranet ya que, por la misma regla de tres, debían de haberse publicado las diversas noticias difundidas por el periódico El Confidencial en relación, por ejemplo, a que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente investiga las adjudicaciones de contratos a dedo en la Confederación del Guadalquivir o bien si eso no interesaba, que menos que las diversas respuestas del Gobierno sobre las adjudicaciones a dedo en la Confederación del Guadalquivir.

Es obvio que las averiguaciones que pueda hacer el «órgano competente» tendrán que respetar los derechos fundamentales de la persona y el principio de proporcionalidad, de ahí que hayamos entendido que no se divulgase, a través de un medio como es la Intranet, lo del dedazo en la gestión de recursos públicos en el Guadalquivir. Lo de ahora no se comprende, tapar o destapar asuntos turbios parece ser cuestión de estado, simples fuegos de artificio para esquivar la atención.

Hay, con todo, una clase de ciudadanos que actúa de manera muy diferente. Para los poderosos, para los grandes empresarios, el Derecho Administrativo Sancionador no existe. O existe, cuando el poderoso deja flancos sin cubrir.

El artículo 103.1 de la Constitución establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. La objetividad es garantizar el principio de neutralidad, que exige mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares y los generales.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deberán abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato en los casos siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Viendo esos casos en los que hay que abstenerse de intervenir, se corrobora la característica de que el Derecho administrativo presenta, en innumerables ocasiones, ámbitos de arbitrariedad administrativa.

Es verdaderamente importante conocer que el hecho denunciado está relacionado con la práctica habitual de trabajo asumida en el centro donde está empleado el funcionario denunciado, ora por algún acuerdo tácito ora de notorio y general conocimiento, sin que dicha Administración haya puesto reparo alguno frente a su realización, planteándose de pronto una denuncia por incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario.

El informe firmado por el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica lleva la conformidad del Comisario de Aguas del Organismo, que debía conocer el asunto al dar su Visto Bueno a la actuación, se supone que ese es el ejercicio honesto y rigurosamente profesional de la fe pública administrativa y no un claro síndrome de ama de llaves de “Rebeca” del “siempre se ha hecho así”.

Hablar de responsabilidad del primer funcionario cuando en realidad es el propio «órgano competente, Comisaría de Aguas vs Presidencia» el que está incumpliendo su obligación de regular actividades o de tomar medidas, es una situación de incumplimiento que no se debería admitir. Parece que desde la inspección de Servicios se ha seleccionado a un funcionario para, ejemplarmente, erradicar incumplimientos varios. Obviamente, la Inspección no ve indicios delictivos sobre el segundo sujeto en este asunto, no sabemos si en otros asuntos sí, porque no han sido difundidos por la intranet del Organismo. 

Desde luego la Administración debería tomar medidas drásticas sobre estas situaciones, de validar y/o dar conformidad a informes y documentos varios, de lo más común, que pueden ser debidas; a la ignorancia tozuda y/o comodona del funcionario que da su VºBº a un informe o a cualquier otro documento, o a la ignorancia interesada, debida a intereses inconfesables o a no querer contraer responsabilidades que sin embargo legalmente corresponden.

Vistos los enredos y desenredos, se aprecia que el mundo disciplinario es idóneo para que puedan presentarse abusos o que el denunciante sea el testaferro de un poderoso. Si el funcionario cuenta con suerte, seguramente quede al margen de toda responsabilidad, a pesar de haber podido incurrir en alguna fechoría. Si no tiene esta suerte, podrá ser sancionado, por ser un funcionario insignificante.

En fin, el mundo de estos procedimientos es complejo. Es lamentable que auténticos y reiterados incumplimientos queden al margen de sanción, mientras la ira de determinados colectivos pueda recaer sobre sujetos que pueden haberse caracterizado por un esmerado cumplimiento de sus funciones. El objetivo es que no queden impunes hechos ilícitos, pero poco dice en su favor este Derecho sancionador si finalmente las sanciones recaen sobre unas personas sí y sobre otras no. 

Esta claro que el contexto sociológico, laboral, la política y la psicología, los intereses y las rencillas parecen llegar a jugar un papel más determinante que el propio Derecho.

Habría que hacer un baremo ante las opciones a), b) y c), y siguientes, del artículo 28 la Ley 30/1992 antes referida, para determinar quienes son los que están al margen de su cumplimiento, es la doble vara de medir.

Los problemas se solucionan dejando a la Justicia intervenir y poniendo todos los medios para que no se creen las condiciones de que los comportamientos ilegales tengan lugar e impunidad. Y para que no haya impunidad, hay que tomarse en serio las denuncias procedan de quien procedan en cumplimiento de la legalidad, investigarlas independientemente y actuar en consecuencia.

Lo dicho, resumiendo, la arbitrariedad, en todos los temas tratados del primer al último párrafo, se caracteriza por patentizar el capricho de quien ostenta el poder. Increíble que esto sea así. Pero lo es.
 

VICIOS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA, REMESA DE PROMESAS CLANDESTINAS Y PRACTICAS ENGAÑOSAS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Existen gestores y jefes, directivos y mandos, que son ejemplares, pero no podemos negar la existencia de abusos de poder y perversiones.

Hay una amplia gama de malos hábitos de grado venial que afectan a la calidad de la vida laboral en algunas administraciones, por lo que nos toca, así es en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Muchos gestores y jefes, directivos y mandos, cuidan de manera efectiva la relación con sus trabajadores y muestran valiosas competencias sociales, hay, sí, algunos otros que, por diferentes causas, abusan a veces del poder que administran, y no parece que actividad formativa o curso alguno sobre gestión de recursos humanos y transparencia acabe con estos excesos.

La comunicación interna casi nunca se ha resuelto bien en este organismo y, aunque se vienen orquestando actos litúrgicos al respecto (jornadas de comunicación; comidas navideñas, ferias diversas, etc.), lo cierto es que falla la comunicación cotidiana con el jefe.

Puede haber cinismo corporativo pero quizá frustra más, en su caso, el cotidiano en la comunicación jerárquica. Si no funciona la comunicación, se resiente la efectividad de los esfuerzos desplegados y se resiente, desde luego, la satisfacción profesional.

A veces, la mentira parece constituir una herramienta legítima de gestión para el jefe, aunque no tarda en delatarse; así podemos hablar de hermetismo, evasivas, hipocresía, subjetividad, disparidad en los esquemas mentales y también del politiqueo feroz, las normas contradictorias, el cinismo corporativo, los favoritismos, los intereses espurios, las deudas de gratitud, el imperio de la apariencia, la mediocridad militante, la corrupción codiciosa o negligente...  conductas de cuestionable legitimidad que vienen a viciar las relaciones laborales en este Organismo.

Son los vicios en la comunicación. Acceder a cualquier jefe es, hoy por hoy, difícil, más difícil aún sí para dirigirse a la jefatura habitual de recursos humanos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el empleado público, al objeto de realizar cualquier consulta de tipo personal-laboral, debe exponérsela primero al ordenanza de turno quien informará de nuestra solicitud al jefe en cuestión, quien decidirá si nos da audiencia, o, mediante el boca a boca, nos sugiere presentar una instancia. Comunicación del todo defectuosa que desmoraliza a los empleados públicos que no alcanzan a entender esa inaccesibilidad producida, fruto, pudiera ser, de la "opaca transparencia" que se está ejerciendo contra toda norma en este Organismo.

A menudo, la diferencia percibida entre los mejores jefes y los peores se basa en vicios relacionales, aunque sin duda es mucho más deseable que esta diferencia se base en elementos positivos como la contribución al desarrollo profesional de los empleados públicos, la idónea distribución de tareas o funciones, la receptividad a iniciativas e ideas, la calidad y calidez de la comunicación, la integridad, la autodisciplina, la amplitud de miras, la perspicacia, la flexibilidad... Pero…esta administración pública no está por la labor.

En otro orden de acontecimientos, las tradicionales promesas son una práctica bastante común. Sin duda facilitan el control de la voluntad de los subordinados, que hacen que el trabajador se mueva al servicio al jefe, dicho de otro modo, se produce una corrupción alienante.

Sin un plan de recursos humanos para analizar las verdaderas necesidades reales de personal que garantice una RPT acorde, se procedió hace días a la publicidad del siguiente ANUNCIO: 

Estas medidas que se llevan a cabo, sin una planificación previa y exhaustiva de los recursos humanos pueden formar parte del culto al ego y de una exhibición de poder.

«Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos».Art. 74 EBEP.

El anuncio, como la publicación en el BOE de unos concursos con plazas ocupadas por el sistema de comisiones de servicio “a dedo” y hechas a medida del ocupante, no traen más que una remesa de promesas clandestinas, que deberían erradicarse como práctica engañosa. A veces se promete lo que no se puede cumplir.

Controlada la voluntad del subordinado, el resto ya lo conocemos, empresas “amigas” y trabajadores pertenecientes a sagas familiares ocupando puestos contrato tras contrato, quienes además controlan los datos personales de los ciudadanos que están protegidos por ley, ocupan las dependencias oficiales y hacen uso de los recursos materiales del Organismo, saltándose los gestores en su tenor literal la legislación vigente y sus normas e instrucciones de aplicación.

Sabemos que hay empleados públicos no suficientemente íntegros en puestos de alto nivel, sin que este rasgo les haya impedido el acceso a dichos puestos; de hecho, y aunque conozcamos a otros muchos empleados públicos ejemplares, puede que la integridad haya dificultado alguna que otra carrera profesional.

De forma atrevida, podríamos pensar que se puede ser feliz o no en el trabajo, dependiendo del jefe que nos toque; aunque también los jefes pueden pensar lo mismo respecto de sus subordinados. A estos jefes se les podría decir también que sus subordinados no son tontos, y que no es sencillo engañarles; y que no intenten competir en conocimiento con ellos, que eviten la presunción de infalibilidad, que apuesten por la integridad y la acompañen del buen juicio...

La deseada calidad de vida en el trabajo —sin perjuicio, y aun en beneficio, de la efectividad colectiva— demanda un ambicioso desarrollo, como seres humanos completos, de todos: directivos y trabajadores, todos ellos empleados públicos, todos ellos servidores de lo público.

Podemos guardar silencio y correr el velo tupido habitual. Nosotros podremos decir que vale la pena quejarse, aunque los que gestionan este Organismo nos sigan ninguneando.