El funcionariado
fue concebido como un estatuto especial para proteger a los servidores públicos
de las decisiones arbitrarias de quienes en cada momento ostentaran el poder.
Por este motivo, se trató de reclutar a las mejores cabezas por medio de
importantes barreras a la entrada, las oposiciones, a fin de construir una
administración pública altamente profesionalizada y que sirviera de contrapeso
del poder político y sus urgencias temporales.
La Administración
Pública fue concebida para actuar como garante de los intereses generales.
Funcionario es, por tanto, aquél que realiza una función pública
y en este sentido, es un servidor de la administración pública para la que
realiza las funciones públicas.
Sin embargo,
el estatus de funcionario es disfrutado y ansiado por numerosos colectivos y personas
que realizan las más variopintas actividades profesionales y económicas, siendo
agraciados por el político de turno con el ejercicio de un poder administrativo
que no les corresponde, burlando con ello el interés general, engañando al ciudadano.
El
Confidencial nos informa:
1. La
Inspección de Servicios del Magrama y la Fiscalía ya han iniciado los primeros
pasos para investigar el inflado en las obras de emergencia del río
Guadalquivir a su paso por Córdoba, adjudicada a Viguecons Estévez, empresa
amiga del comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez.
2. Fuentes de
la Confederación e ingenieros especializados cifran el inflado de esta obra en
900.000 euros.
3. La Fiscalía
Superior de Andalucía ya ha recibido escritos de funcionarios, enviados de
forma anónima por temor a represalias, en el que se explica con detalle el
precio de este sobrecoste.
4. Los
funcionarios denuncian cómo la confederación ha movilizado una inversión global
de siete millones de euros para la puesta al día de expedientes, contratando
personal externo cuando ese cometido es competencia de los funcionarios a los
que se les ha retirado su trabajo.
Pues bien,
El Gabinete de Prensa y el Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir ajenos a lo
anterior, (nada nuevo bajo el sol), alardean y presumen ante el ciudadano como el
Organismo de cuenca está poniendo fin al retraso histórico que existía en
cuanto a la tramitación de expedientes gracias al esfuerzo inversor que el
Organismo viene realizando con el Plan Hidra en el que se están invirtiendo 30
millones de euros.
Treinta millones de euros que podían haberse invertido en obras necesarias contra inundaciones y de mejora del abastecimiento, por poner unos ejemplos y no para pagar un trabajo que ya está incluido en los presupuestos generales del Estado como gastos de personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Treinta millones de euros que podían haberse invertido en obras necesarias contra inundaciones y de mejora del abastecimiento, por poner unos ejemplos y no para pagar un trabajo que ya está incluido en los presupuestos generales del Estado como gastos de personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El
despiadado monstruo acuático del inframundo, la Hidra, ha despedazado a los
empleados públicos al Servicio de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Sus funciones y el trabajo que les corresponde como garantes de
ese servicio público ha sido engullido y se les invita a un "traslado
forzoso" si solicitan el derecho a ejercer sus funciones en su lugar de
trabajo.
Esas
inversiones, de más de 30 millones de euros, en actividades realizadas por
empresas externas y su correspondiente personal externo, que no tienen ni por
asomo la condición del ejercicio de un poder del estado, que sin embargo le es
otorgado, desvela el abuso perverso del sistema.
No vamos a entrar en los casos
patológicos de los empleados públicos nombrados o enchufados a dedo por todos
conocidos que estampan sus firmas para dar validez a esas inversiones sin verificar su realización.
Un capítulo
más sobre los continuos desprecios hacia los funcionarios, la Función Pública y
la Administración Pública. Acción-reacción de los gestores del Guadalquivir
ante la comunicación realizada al Secretario de Estado de Medio Ambiente sobre
la negativa del derecho al trabajo que los empleados públicos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitan una y otra vez.
Ambas noticias informan de un sobrecoste para las arcas públicas.
El coste real
se ha visto incrementado tanto en la obra de limpieza del río Guadalquivir como
en la inversión de 30 millones del alardeado Plan Hidra. En este segundo caso
se tira por tierra la capacidad de los empleados públicos de la confederación,
a los que se les ha paralizado el trabajo, realizando un gasto desorbitado de
30 millones de euros para la contratación de personal externo, manipulando a la
opinión pública sobre la gran inversión realizada. En ambos casos: un ahorro ficticio; Un Gran Negocio.
La inmensa
mayoría de los empleados públicos estamos sirviendo a nuestro país con lealtad
y dedicación pese a que se nos sustituya. Somos conscientes de que en nuestras
carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o
el amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen
saber.
Contradicciones
constantes. Una manipulación "en toda regla" hacia la opinión pública de los gestores de la Administración. Lenta y larga agonía de los principios en que descansa el Estado de
Derecho.
