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lunes, 29 de septiembre de 2014

...(VI) LA PREGUNTA DEL MILLÓN, LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR HACE AGUA, "PLEASE EXPLAIN" ("POR FAVOR, EXPLIQUEN"). NUEVAS REVELACIONES DE “EL CONFIDENCIAL”.

En el año 2008 un diputado pregunto al Gobierno de la Nación lo siguiente: 

¿Piensa el Gobierno poner un mecanismo para debatir y aprobar los proyectos de ley, el referido “por cojones” o “por huevos” y si es así, podría explicarnos el Gobierno en qué consiste exactamente este mecanismo?.

Esta pregunta fue finalista del Concurso la Pregunta del Millón, una de las categorías de premios anuales que concede la Asociación de Periodistas Parlamentarios a los diputados del Congreso, senadores y europarlamentarios de España a las preguntas más singulares formuladas. Simples chascarrillos, que en el caso del referido “por cojones” o “por huevos” es lo que se viene dando en las decisiones que, motu proprio, toman algunos gestores de organismos y administraciones públicas obviando la existencia de legislación, normativa e instrucciones varias de obligado cumplimiento.

Hay otras preguntas, como las que fueron realizadas por un grupo parlamentario en el Congreso de los diputados a finales de 2013, cuyas respuestas parecieron dar total satisfacción a las cuestiones planteadas, excepto a los empleados públicos afectados que llevaban meses alertando sobre el asunto. Al igual que la pregunta del año 2008, estas interpelaciones del año 2013 quedaron en simple anécdota, pero en este caso no optaron tan siquiera a ser clasificadas para su participación en el Concurso la Pregunta del Millón.

Normalmente, la pregunta del millón, resulta ser una frase que se suele utilizar para referirse a una “pregunta clave”, y que, se supone, será aquella que nos dará las luces necesarias para entender una situación, sacar conclusiones y tomar la decisión más acertada.

En innumerables ocasiones es inútil buscar respuesta a preguntas que no la tienen. Incluso, es tarea compleja, decidir, en cada caso, la pregunta del millón exacta. Si además elegimos una respuesta al azar a esta pregunta del millón ¿cuál es la probabilidad de que sea correcta?, pues todo da a entender que prima la intuición. Estadística básica.

Como cita pongamos esta: "Sobre un río hay un puente que divide dos propiedades y sobre el puente rige la siguiente ley: Quien pase por el puente ha de ser preguntado por sus intenciones, si dice la verdad podrá pasar, si miente, será ahorcado. Un juez debe determinar la suerte del que pase. Pero un cierto día, un individuo que pasó por el puente, preguntado por sus intenciones, respondió: vengo a ser ahorcado en esa horca y sólo a ello. En estas condiciones, el juez del puente se encuentra en un dilema". Capítulo 51 de la segunda parte de El Quijote.

Es obvio, que esto es un claro ejemplo de paradoja por aquello de “la pescadilla que se muerde la cola”: Si ahorcan al individuo habría dicho la verdad y deberían haberle dejado pasar, pero si lo dejan pasar entonces habría mentido y debería haber sido ahorcado.

Es claro deducir que el control sobre los políticos y funcionarios, y particularmente sobre aquellos que forman parte del primer escalafón; el propio Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y Ministros), del segundo escalafón; Secretarios de Estado, Directores Generales, del tercer escalafón; Subdirectores Generales y otros titulares de plaza en los altos cuerpos de la Administración del Estado y así en toda la línea jerárquica hasta su base, es una función de nuestro Estado Garante por lo que la pregunta del millón es pertinente y de urgente respuesta.

El político de alto rango, al tomar posesión de su cargo “jura” o “promete” por su conciencia y honor, desempeñarlo bien y fielmente, igualmente lo hace el funcionario, sea o no de alto rango, aunque uno se piense, en ambos casos, que es puro trámite. Si se falta al juramento se es un perjuro y si se incumple la promesa se es un falsario.

Al tomar posesión del cargo, tanto el político como el funcionario se deben al ciudadano, no siendo su cometido anteponer, en ningún caso, ni los intereses personales ni partidistas, ni mucho menos el ánimo de lucro. 

Atribulados e ignorantes, el estudio comparativo de las circunstancias de estas situaciones para tratar de prever su evolución y encontrar su solución, no nos cuadra.

No hace falta consultar con vidente alguno para saber que el barco de la gestión de los recursos públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace agua. Muchos no creen que la sangre vaya a llegar al río, ni el río a dividir su cauce. Pero... basta con mirar el panorama desde el puente.
 
Desearíamos ser capaces de formular la pregunta exacta, la del millón, y encontrar, en su respuesta, a aquel iluminado que postule un cargo conociendo de antemano cuáles son sus obligaciones. La sociedad lo necesita.

"Please Explain" ("Por favor, expliquen") las dudas legales sobre esta pregunta, para los profanos, la respuesta es enigmática.

"El Confidencial" aporta nuevos datos:

miércoles, 24 de septiembre de 2014

(V) LA RAZON DE LA SINRAZÓN. EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE INVESTIGARÁ LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE LOS QUE “EL CONFIDENCIAL” ESTÁ DANDO CUENTA.

Ha tenido que ser a través de la investigación periodística de "El Confidencial", plasmada en cuatro artículos por su redactor, que se obtenga réplica Ministerial ante “la respuesta estéril de aviso de auxilio de los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a su Ministro”.

“La razón de la sinrazón que a mi razón se hace…” son palabras que pone Cervantes en boca de Don Quijote, palabras a las que el Ingenioso Hidalgo daba vueltas sin cesar en su cabeza y que fueron las causantes de que perdiera la cordura.

“La razón de la sinrazón”, uno de los últimos relatos de Pérez Galdós, nos muestra una sociedad que no difiere mucho a la de hoy en día, donde se nos describe que la razón no rige el mundo, sino que reina, tanto en la ciudad como en el campo, la sinrazón, el afán ciego y sin freno de poder, de riqueza; lo que engendra corrupción, engaño, injusticia. El autor, como fábula y con moraleja, nos retrata, bajo su rico verbo académico, transparente y castizo, y con un punto de ironía, la sociedad española de principios del siglo XX sometida a una desatada sinrazón maléfica que trastorna el mundo social y político a la que también le empuja el deseo ideológico de proponer soluciones.  

La sátira a las costumbres de la novela de caballería y la autenticidad de la novela realista nos llevan a la conclusión que la razón, la moral y el sentido, coinciden en la constatación de una falta... una falta de razón, de moral o de sentido.

Quizá el peso de la culpa abruma, porque la culpa tiene una importante misión. Nos brinda valiosa información sobre las consecuencias de nuestras acciones. Es el monstruo que responsabiliza a las personas inmovilizándolas y denigrándolas. Ejerce de brújula moral, indicándonos el camino a seguir. Nos marca límites. Y nos propone redimirnos, rectificar, salir de nuestra zona de comodidad y disculparnos. O al menos, intentarlo.  Sentirnos responsables permite el cambio. Eso sí, la culpa tiene mil caras. 

Gestionamos tan pobremente esta emoción, que tendemos a tratar de librarnos de ella buscando culpables a nuestro alrededor. De hecho, vivimos en una sociedad que tiende a penalizar el error o a ocultarlo, según convenga. 

No sabemos si es la razón de la sinrazón, el peso de la culpa, la polisemia del silencio o la publicación continua en un medio de comunicación de las irregularidades constatadas lo que ha llevado al Ministerio, a través de su Inspección General de Servicios, a lo que parece ser, tomar parte en el asunto sobre la gestión de los recursos públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir e intervenir sobre lo que los empleados públicos del Organismo llevan denunciando desde finales del año 2012 y que ha sido ignorado desde entonces.

Nadie mejor que nosotros sabe que “Quien mira lo pasado, lo porvenir advierte”, ¡Cuánta razón Don Félix Lope de Vega!.  

Esperamos que "El Confidencial" siga dando cuenta del asunto.


lunes, 22 de septiembre de 2014

...(IV) EL ESTADO GARANTE Y RESPONSABLE: ENREDOS EN EL GUADALQUIVIR. "EL CONFIDENCIAL".- EL MINISTERIO IGNORA LAS DENUNCIAS PUESTAS CONTRA EL PRESIDENTE DEL GUADALQUIVIR.

El emperador romano Constantino (306-337 DC), quien se destacó como militar y hombre implacable, solía castrar a los servidores públicos. Pero no como un castigo a funcionarios deshonestos o indolentes, sino como prevención de la corrupción

Constantino, considerado modelo de la virtud y santidad cristiana, pensaba que los funcionarios públicos debían ser leales sólo al césar (el Estado), y no a ellos mismos o a sus familias. Suponía que los eunucos, así castrados, reducido su apetito sexual y anulada su capacidad de reproducirse, se libraban de la codicia, las flaquezas y pasiones de los hombres normales y así podían llegar a ser verdaderos servidores públicos. El eunuco se conviertía en una persona de confianza de las altas esferas, en el mediador entre el rey y sus inferiores. A cambio de todo lo que se les quitaba se les otorgaba poder y privilegios, convirtiéndose en leales hombres de confianza de reyes y emperadores. Constantino estaba equivocado.

En la Roma de Constantino, pese a que los funcionarios ya no tenían familias, amantes, esposas o hijos, el robo a las arcas del imperio prosiguió inalterable. El gran Constantino, que venció a todos sus poderosos enemigos, no consiguió derrotar a la corrupción empotrada en el servicio público del imperio. No logró que los funcionarios dedicaran sus vidas a trabajar honesta y desinteresadamente por el pueblo aún despojándolos de su naturaleza humana.

Este intento de cambiar, al igual que en muchas otras culturas y épocas, las normas establecidas, no funcionó, y terminó con muchos eunucos ejecutados y con una purga de aquellos que se encontraban sirviendo a reyes y emperadores y cuyo único fin era la avaricia y la mezquindad. 

El problema fundamental de la corrupción, entonces como ahora, no era hormonal, sino estructural.

Hoy muchas pruebas e indicios nos señalan cómo, en el ámbito público, los valores de verdad y justicia son despreciados en demasiadas ocasiones. 

Ejemplo, la respuesta estéril ante el aviso de auxilio de los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a su Ministro por los constantes abusos y alegalidades perpetradas por funcionarios de "élite" en el Organismo en el que prestan sus servicios. Servicios públicos de cuya prestación el Estado debe ser garante y responsable. 

El resultado, en general a la vista de los últimos acontecimientos, un Estado de Derecho vulnerado incontables veces por personas que forman parte de las Administraciones Públicas, en este caso con total impunidad, con la consecuencia directa de desprestigiar y promover la desconfianza ciudadana en la Administración y en sus empleados públicos.

Para dar un golpe mortal a la corrupción no es necesario contratar ángeles consagrados a la función pública, y menos aún castrarlos buscando despojarles de su debilidad humana. Sólo es preciso que exista suficiente HONRADEZ, INTEGRIDAD y DILIGENCIA en aquellos a los que les son otorgados los poderes del Estado.

"El Confidencial" sigue encajando piezas del puzzle:

jueves, 18 de septiembre de 2014

SEGUNDO REQUERIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, INFORMA EL COMITÉ DE EMPRESA DE CÓRDOBA.

La Inspección de Trabajo es un servicio público al que corresponde entre sus diversas funciones ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes. 

El Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba, al igual que hiciese en su día el Comité de Granada, denunció ante la Inspección de Trabajo el quebrantamiento, por parte del Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de los derechos de participación y representación de los trabajadores y la discriminación que estos representantes de los trabajadores legalmente elegidos, viene sufriendo desde la reversión al Estado del "Guadalquivir".

La actuación inspectora requiere el estudio de cada caso concreto. Es preciso un diagnóstico de la situación fruto de la actividad investigadora del funcionario actuante para que a continuación adopte la decisión, en forma de propuesta que entienda más acorde con el espíritu de la norma por la que se rige. 

Cuando el Inspector, propone un requerimiento pretende que el sujeto responsable corrija en un plazo determinado ciertas irregularidades. Pero si éste es incumplido habrá de iniciarse un largo trámite administrativo, inicialmente de oficio, que puede llegar a terminar incluso en el Consejo de Ministros. 


La legislación nos dice que el Comité de Seguridad y Salud estará formado por los delegados de prevención, que se designarán por el procedimiento previsto en el art. 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por y entre los miembros de los comités de centro respectivos. Y es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social quien debe recordar la legislación vigente a quienes administran la Cuenca del Guadalquivir.

La constitución de dichos comités no es dispositiva, es una obligación legal que debe realizarse en aplicación de la legislación vigente y por ello el Comité de Córdoba ha puesto en conocimiento de los Órganos competentes y sus responsables en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el requerimiento de la actuación inspectora.

En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estamos ante un producto de una negociación informal, tratándose, además, de un acuerdo de empresa con ciertos sindicatos.

El constituir el Comité de Salud y Seguridad laboral como exige la normativa es una obligación legal inexcusable, que no puede bloquearse. 

El Organismo bloqueó la obligación constituyendo un Comité de Seguridad y Salud “ilegal” para atender a la llamada “paz social” y así tener contentas y mimar a determinadas organizaciones (UGT, CCOO y CSIF), habida cuenta que por lo que respecta a este Organismo, trabajan exclusivamente para sus intereses, no de cara a los intereses y derechos de los trabajadores.

A la vista de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debe proceder a la declaración de nulidad del Comité de Seguridad y Salud “ilegalmente” constituido. 

El tiempo demostrará que el Estado del Bienestar sólo podrá funcionar cuando los responsables administrativos cumplan las leyes. Para eso no hacen falta ni normas ni inspecciones.

El Código Civil ya advierte, que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. 
  

lunes, 15 de septiembre de 2014

...(III) UNA TRAMA DE FAVORES MUTUOS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR... "EL CONFIDENCIAL" ENCAJA MÁS PIEZAS DEL PUZZLE...

Últimamente nada nos sorprende.

El fraude, la mala administración y el amiguismo político no surgen casualmente. 

Tristemente muchos “ciudadanos” han dejado de sorprenderse cuando estalla un escándalo por corrupción política y administrativa en el ámbito estatal y mucho menos cuando sucede lo mismo en el ámbito autonómico o local. La mayoría se ha vuelto indiferente ante la avalancha de casos de corrupción y los han vuelto parte de su vida cotidiana. Incluso hoy por hoy, puede decirse que la corrupción está al alcance de todos. Se suele dispensar lo que en algunos círculos jurídicos se denomina “corrupción tolerable, amiguismo o fraude venial” que voluntaria o involuntariamente se practica o se intenta hacer, diariamente, para favorecer intereses propios o los de los amigos, familiares o clientes. Esta conducta o fraude, en general, se considera no censurable ni casi criticable.

Para que exista corrupción política y administrativa se requiere la participación de dos o más personas. En proporción variable, dentro de ese reparto, habrá corruptores y corrompidos, todos ellos, evidentemente, corruptos. La corrupción no duraría de no desarrollarse en un ambiente propicio a la justificación, la disculpa, el encubrimiento o la pasiva aceptación de la acción u omisión de los corruptos. El corruptor no puede corromper si el destinatario de dicha corrupción se niega a prestarse a ello. Por lo tanto, la corrupción nunca es un fenómeno individual debido únicamente a la especial falta de escrúpulos de un particular en un entorno de gente intachable. En un contexto tal la corrupción no podría tener lugar.

Muchos cargos políticos son también funcionarios. Un cargo político se debe a la transparencia en su gestión. Además, como cualquier funcionario, debe velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y respetar el Código de conducta establecido.

Muchos de esos servidores públicos de alto nivel realizan constantemente operaciones económicas ilegales que se consideran éticamente aceptables. Cuando los políticos o los funcionarios que ejercen sus cargos y funciones en la administración no atienden a intereses públicos, sino prioritariamente a intereses particulares, están desvirtuando y adulterando el sistema democrático y del Estado de Derecho. Todo depende de una trama de mezquinos y vergonzosos favores que esperan su servil réplica.

"La corrupción; el fraude, la mala administración y el amiguismo político, es el cáncer del desarrollo de la sociedad porque no permite que los recursos se asignen bien. Es una forma de practicar sistemáticamente la mentira. Es un fenómeno que exige respuestas institucionales, y no prédicas morales ni frivolidades imposibles de verificar que propician el descontrol del poder".

Un Estado de Derecho ha de utilizar todos los recursos a su alcance para evitar que la corrupción se entienda como un hecho tan cotidiano que parezca normal y evidente. 
 
Seria necesaria una labor de educación a todos los niveles, para que se conozca, persiga y sancione la conducta punible de los servidores públicos, y se utilicen adecuadamente los mecanismos previstos en la ley para perseguir, castigar y frenar la corrupción.

Cuando un servidor público “falla” resquebraja el significado del Estado del Bienestar. 

"El Confidencial" encaja más piezas del puzzle sobre los estrechos vínculos a la hora de adjudicar contratos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en numerosas ocasiones innecesarios, a empresas amigas: