Los empleados públicos del Guadalquivir, revertidos al Estado después de una transferencia inconstitucional, están siendo marginados y discriminados.
La Administración rechaza la propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) que proporcionaba su seguridad jurídica porque no han adquirido derechos, ni han consolidado sus retribuciones durante tres años.
Las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno para todo el Sector Público no son excusa para eliminar un complemento de integración que corresponde por derecho, puesto que estas medidas son posteriores al Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, Real Decreto que debía preservar la seguridad jurídica del empleado público revertido.
Sin embargo, esas medidas de austeridad no se están llevando a cabo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
A la vista de los comentarios de los últimos días, queremos destacar lo siguiente:
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Acceso a la información sobre la asignación del complemento de productividad por parte de “los funcionarios del Departamento u Organismo interesado”.
En lo que se refiere al acceso a dichos datos por parte de los representantes sindicales, la Ley 7/2007 (EBEP) deroga dicho acceso, resultando que la dicción vigente de dicho precepto es la siguiente:
“En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado.”
Los funcionarios del Departamento u Organismo interesado podrán tener acceso a los datos referidos a la asignación del complemento de productividad conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por el contrario, los representantes sindicales no podrán obtener dicha información para los fines que les son propios sin contar con el consentimiento del interesado.
Asimismo, no será posible el tratamiento de dichos datos por parte de los representantes sindicales, debiendo entenderse aquí hecha la referencia a las Juntas de Personal y Secciones Sindicales.
Dado que parece ser, se están otorgando y “prometiendo” complementos de productividad a ciertos funcionarios en detrimento de otros, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir presuntamente esta vulnerando el libre acceso a la información y la transparencia que debe darse a los empleados públicos del Organismo, al no darse publicidad a los mismos.
NORMAS DE CONTRATACION: MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Igualmente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir presuntamente está incumpliendo lo relacionado en la Instrucción de 22 de mayo de 2012 de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, sobre medidas de austeridad y racionalización del gasto del Departamento y sus Organismos Autónomos, en cuanto a las NORMAS DE CONTRATACION:
SE POTENCIARA EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PROPIOS DEL MINISTERIO.
SE REALIZARAN INVERSIONES PARA DISMINUIR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DE SERVICIOS
SE RESTRINGIRA EL RECURSO DE CONTRATOS MENORES Y LA ADJUDICACION DE CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
LA PROGRAMACION DE OBRAS DE REFORMA Y GASTOS EN MANTENIMIENTO SUPONDRAN UNA DISMINUCION Y AHORRO EN ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLE Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA Y LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SE REALIZARAN DE FORMA GLOBAL INCLUYENDO VARIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES, REALIZANDOSE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL.
Mientras se niegan unos derechos adquiridos y consolidados presumiblemente por reducción del déficit público, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir adopta sus propias medidas, menospreciando al empleado público revertido al Estado, una aparente contradicción.