HAY QUE RESTAURAR LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD DE GESTIÓN Y CUENCA.
- Para Feragua, Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía:
Resulta verdaderamente lamentable que el convenio firmado hace dos meses y medio no haya llegado aún ni al BOJA ni al BOE. Y eso que era una medida urgente para solo seis meses. Aquí huele muy mal, y todo induce a sospechar que en realidad el único debate que existe es cómo hacer encaje de bolillos jurídico para que la Junta de Andalucía siga mandado en el Guadalquivir.
Feragua ha remitido una carta a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y al ministro de Administraciones Públicas (Politica Territorial), Manuel Chaves, en la que piden que ambos ministros sean consecuentes con sus actuales responsabilidades políticas en la Administración del Estado, y se les insta a que no consientan otra solución que no sea la devolución de todas las competencias del Guadalquivir a la administración central, porque lo contrario sería “un fraude de ley”, y una muestra de desprecio absoluta al Estado de Derecho y a los ciudadanos.
- Para Fenacore, Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España:
El Convenio de Colaboración de encomienda de gestión atenta directamente contra el espíritu de ambas sentencias y no es más que un "truco fácil" que impide de facto su cumplimiento pero que no puede prorrogarse en el tiempo. El cumplimiento del fallo del Supremo sólo puede garantizarse devolviendo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir --como organismo estatal-- todas las competencias sobre las aguas de este río, restaurando así los principios de unidad de gestión y cuenca.
Cualquier acuerdo que pretenda veladamente vaciar las competencias del Estado en esta materia terminará resultando igualmente inconstitucional. Cualquier otra solución que no pase por un organismo estatal como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir atenta contra la Carta Magna.
Han lamentado en una nota que esta sentencia no tenga efectos inmediatos sobre la gestión actual del Guadalquivir debido a la "artimaña jurídica" que la Junta pactó en marzo con el Gobierno Central, días después de conocerse la sentencia, con el fin de arrogarse la potestad sobre este río a través de una encomienda transitoria de gestión.
- Para ASAJA, Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores:
Supone un caos administrativo y supone que puedan darse de hecho agravios comparativos entre diferentes municipios de la cuenca, porque en unos regirá la ley de agua estatal y en otros la andaluza, que plantea cánones que aquella no tiene.
- Para UPA-A, Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía:
Celeridad en la creación de la Agencia Estatal Intercomunitaria para gestionar el Guadalquivir, después del fallo del Tribunal Constitucional y, posteriormente, del Tribunal Supremo.
Esta Plataforma sugiere:
Este Gobierno debe acatar ambas sentencias, hacer público (BOE y BOJA) de una vez por todas el Convenio de Colaboración de Encomienda de Gestión (que según el Supremo no le afecta), incluyendo la Adenda correspondiente para acatar la sentencia del Supremo que falla la anulación del Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre.
Aunque de nada le sirve a la Junta de Andalucía disponer de los medios humanos, técnicos, patrimoniales y financieros transferidos, si parte de las competencias han sido entregadas a la Agencia de Medio Ambiente y Agua creada con la Ley 1/2011 de reordenación del sector publico andaluz
Hay que restaurar los principios de unidad de gestión y cuenca, por un servicio público de calidad y por el interés general de la ciudadanía.